nueva Ley, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, incorpora normas más estrictas para vigilar las ofertas «anormalmente bajas» y establece que se rechazarán todas aquellas propuestas que no cumplan con las obligaciones de carácter social, laboral y medioambiental. El objetivo es conseguir una mejor relación calidad-precio en la adjudicación de contratos, lo que ha permitido incluir al objeto de contrato los aspectos medioambientales, que a su vez incluyen la eficiencia energética como criterio cualitativo.
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